En primer lugar, hay que destacar que la Ley de Enjuiciamiento Civil regula dos clases de demandas de Juicio Verbal:

  • El escrito de demanda cuando no sea preceptiva la intervención de abogado ni procurador en el proceso, es decir, cuando la cuantía sea igual o superior a 2.000 euros, siendo procedente el Juicio Verbal por razón de la materia.
  • El escrito de demanda sucinta, en caso de no ser preceptiva la intervención de abogado ni procurador.

En el primer caso, serán demandas que se rigen por lo dispuesto en el art. 399 de la LEC, por lo que en cuanto al contenido de las mismas, siguen el mismo orden que las demandas de Juicio Ordinario. Sin embargo, la LEC una referencia a dos supuestos especiales:

1º. Por un lado, en el art. 437.1 de la LEC, se prevé que en las demandas en las que se solicite el desahucio de finca urbana por falta de pago de las rentas o cantidades debidas al arrendador o por expiración legal o contractual del plazo, el demandante pueda anunciar en la misma demanda que asume el compromiso de condonar al arrendatario todo o parte de la deuda y de las costas, con expresión de la cantidad concreta, condicionándolo al desalojo voluntario de la finca dentro del plazo que se indique por el arrendador, que no podrá ser inferior al plazo de 15 días desde que se notifique la demanda. Asimismo, en la demanda podrá interesar que se tenga por solicitada la ejecución del lanzamiento en la fecha y hora que se fije por el Juzgado a los efectos señalados en el art. 549.3 de la LEC.

Además de ello, en estos supuestos, a efectos de despacho de ejecución, en la sentencia condenatoria de desahucio por falta pago de las rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, o en los decretos que pongan fin al referido desahucio si no hubiera oposición al requerimiento, la solicitud de su ejecución en la demanda de desahucio será suficiente para la ejecución dineraria de dichas resoluciones, sin necesidad de ningún otro trámite para proceder al lanzamiento en el día y hora señalados en la propia sentencia o fecha que se hubiera fijado al ordenar la realización del requerimiento al demandado. 

2º. Por otro lado, el art. 439.2 de la LEC prevé que en los supuestos de demandas instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, en las que éstos demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se oponga a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación, el demandante exprese; por un lado, las medidas que considere necesarias para asegurar la eficacia de la sentencia que recaiga en un futuro; por otro lado, la caución que ha de prestar el demandado, en caso de comparecer y contestar, para responder de los frutos que haya percibido indebidamente, de los daños y perjuicios que hubiera irrogado y de las costas del juicio, salvo renuncia expresa a la caución por parte del demandante, que hará constar en la demanda.

En el caso de tratarse de una demanda sucinta, en ella se consignarán:

  1. Los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado.
  2. El domicilio o domicilios en que puedan ser citados el demandante y el demandado.
  3. Se fijará con claridad y precisión aquello que se pide.
  4. Se fijarán los hechos fundamentales en los que se basa la petición.

Cabe mencionar que en juicio verbal no procederá en una misma demanda la acumulación de acciones salvo en los siguientes casos recogidos en el art. 437.4 de la LEC:

1º. La acumulación de acciones basadas en unos mismos hechos, siempre que proceda, en todo caso, el juicio verbal.

2º. La acumulación de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios a otra acción que sea prejudicial para ella.

3º. La acumulación de las acciones en reclamación de rentas o cantidades análogas vencidas y no pagadas, cuando se trate de juicios de desahucios de finca por falta de pago o por expiración legal o contractual del plazo, con independencia de la cantidad que se reclame. Asimismo, también podrán acumularse las acciones ejercitadas contra el fiador o avalista solidario previo requerimiento de pago no satisfecho.

4º. En los procedimientos de separación, divorcio o nulidad y en los que tengan por objeto obtener la eficacia civil de las resoluciones o decisiones eclesiásticas, cualquiera de los cónyuges podrá ejercer simultáneamente la acción de división de la cosa común respecto de los bienes que tengan en comunidad ordinaria indivisa. Si hubiere diversos bienes en régimen de comunidad ordinaria indivisa y uno de los cónyuges lo solicitare, el tribunal puede considerarlos en conjunto a los efectos de formar lotes o adjudicarlos.

5º. Podrán acumularse las acciones que uno tenga contra varios sujetos o varios contra uno siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 72 y en el apartado 1 del artículo 73.

Elabora por: Beatriz Pérez García. Perfil en LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/beatriz-pérez-garcía-472a8a142

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