El ministerio fiscal puede definirse como un complejo orgánico propio y distinto, aunque conectado con el judicial, de naturaleza pública, instituido por el Estado, siendo una pieza fundamental del proceso penal basado en el denominado principio acusatorio.

¿Dónde está regulado el ministerio fiscal?

En primer lugar, debemos acudir a la Constitución. En el artículo 124 se establecen sus funciones esenciales y los principios de actuación del Ministerio Fiscal. Estas son:

a) Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados.


b) Velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

Ambas funciones las desarrollará teniendo en cuenta los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción a los de legalidad e imparcialidad.

Una figura con una importancia tan grande en nuestro ordenamiento necesita de un posterior desarrollo legislativo que se confirmó en la ley 50/1981, de 30 de diciembre del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

¿Qué artículos debemos destacar?

En primero lugar debemos resaltar el artículo tercero, puesto que es donde se desarrollan las funciones de este sujeto procesal de manera más extensa. Destacamos las siguientes:

a) El ejercicio de la acción penal y civil
b) Velar por la función jurisdiccional, el respeto de las instituciones constitucionales, derechos fundamentales, libertades públicas y el cumplimiento de las resoluciones, cuando afecten al interés público y social.
c) Velar por la protección procesal de las victimas de tal modo que estas puedan recibir la ayuda y asistencia necesarias de manera efectiva.
d) La solicitud de medidas cautelares que considere oportunas
e) La práctica de las diligencias que entienda necesarias para el esclarecimiento de los hechos

En segundo lugar, cabe destacar el artículo 2.1 donde se establece que el Ministerio Fiscal es dependiente de sus superiores, es decir a diferencia de jueces y magistrados, el ministerio fiscal se rige bajo los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica.

¿Qué quiere decir esto?

Para responder esta pregunta, lo primero que debemos saber es que el Ministerio Fiscal es único para todo el estado español. Su figura jerárquica de mayor rango es la del Fiscal General del Estado, que es el encargado de impartir las ordenes e instrucciones convenientes al servicio y orden de la institución y en general, la dirección e inspección del ministerio fiscal.

En todos los juzgados y tribunales de la jurisdicción ordinaria existen uno o varios representantes del Ministerio Fiscal, sin embargo, adscrita a cada tribunal, solamente existe una fiscalía, con un único jefe, a cuyas instrucciones están sometidos sus subordinados, y él a su vez, a las instrucciones y ordenes de los fiscales de grado superior

¿Cuál es la finalidad de este principio?

La aplicación de los principios de unidad y dependencia orgánica, pretenden conseguir la uniformidad de interpretación de la ley y la continuidad en la actividad por parte del Ministerio fiscal, independientemente de los cambios de los concretos funcionarios de la carrera fiscal que se vayan produciendo.

El ministerio fiscal está informado por los principios de legalidad e imparcialidad. Por el principio de legalidad actuará con sujeción a la constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico. Por el principio de imparcialidad el ministerio fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados.

Se concluye que el Ministerio Fiscal a pesar de incluirlo dentro de las llamadas partes acusadoras, no en todos los procesos está obligado a presentar una acusación contra determinada persona sino que, cuando proceda, solicitará su absolución.

Desde el punto de vista del proceso penal la función específica y más importante del ministerio fiscal es el ejercicio de la acción penal. Únicamente en las causas que el código penal reserva a la querella privada es donde no pueden intervenir. Junto con la acción penal el ministerio fiscal tiene la obligación también de ejercitar la acción civil, haya o no en el proceso acusador particular, salvo cuando el ofendido renuncie expresamente a su derecho de restitución, reparación o indemnización, en cuyo caso se limitará a pedir el castigo de los culpables.

Elaborado por: Dámaso Almendros. Perfil en LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dámaso-almendros/

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