La ocupación de viviendas es un tema candente en nuestro país. Tenemos la sensación de que cada día se producen más ocupaciones, lo que se traduce en inseguridad ciudadana y necesidad de poder acceder a mecanismos para poder solucionar dicha situación, mecanismos que bajo mi punto de vista no funcionan como deberían. 

En este artículo vamos a abordar la problemática de la ocupación de inmuebles, desde el punto de vista del derecho penal. 

¿Qué soluciones ofrece el derecho penal para combatir una ocupación ilegal? La respuesta varía en función del tipo de vivienda que se haya ocupado.

La primera pregunta que nos hacen los clientes ante un supuesto de ocupación -y que es la misma que cualquier ciudadano se puede hacer- es: ¿Cómo puedo recuperar la posesión de una vivienda en un supuesto de ocupación ilegal?.

Cuando se produce la ocupación ilegal de un inmueble es muy importante tener claro si se trata de un delito de allanamiento de morada o de un delito de usurpación. Veamos las diferencias:

El allanamiento de morada está regulado dentro del Capítulo II del Código Penal, concretamente en el artículo 202. Se produce allanamiento de morada cuando se entra en una vivienda que constituye morada de otra persona sin su consentimiento, pudiendo ser con violencia o sin ella.

¿Y que se considera por “morada”? Se considera morada todo espacio cerrado y separado del mundo exterior en el que su titular desarrolla su vida cotidiana, ya sea de forma continuada (su vivienda habitual) o de forma esporádica (su segunda residencia).

Aquí tenemos resuelta una duda que se le suscita a cualquier ciudadano, saber si la casa en la que pasa sus vacaciones de verano también se considera “morada” o no y efectivamente así es, aunque pase en ella pocos días al año. 

La usurpación está regulada dentro del Capítulo V del Código Penal, dentro de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, concretamente en el artículo 245. La conducta perseguida por el delito de usurpación es cuando el sujeto ocupa, sin autorización, una vivienda que no constituya morada, pudiendo ser con violencia o sin ella.

¿Y, cuándo no constituye morada una vivienda? pues por ejemplo cuando se trate de viviendas en construcción, viviendas abandonadas o viviendas que pertenecen a empresas y están desocupadas (aquí entrarían las viviendas que tienen los bancos en su cartera).

En este tipo de viviendas, no hay nadie residiendo en ellas, por tanto, cuando se produce la ocupación, no se está entrando en la morada de nadie, por lo que no se está ante un allanamiento de morada.

Bien, ahora que tenemos claros los dos supuestos a los que nos podemos enfrentar, vamos a ver como se procede en ambos casos.

Tanto si se trata de un allanamiento de morada, como si se trata de una usurpación, ambas van a iniciar su recorrido mediante una denuncia policial y van a finalizar con el desalojo de los ocupantes.

En el caso del allanamiento de morada, la policía está autorizada a entrar en el domicilio, identificar a los ocupantes, detenerles y desalojar la vivienda (esto último pueden hacerlo en ese mismo instante o no). ¿Por qué está autorizada? Porque se está cometiendo un delito flagrante, se está ocupando la morada de alguien y tienen que intervenir.

En este supuesto, después de la identificación y detención de los ocupantes, la policía entrega la posesión del inmueble a su dueño y se inicia el pertinente procedimiento penal contra los ocupantes.

En el caso de usurpación de inmuebles, recibida la denuncia, la policía identificará a los ocupantes, pero no los detendrá, ni desalojará la vivienda, porque no es la morada de nadie, tan solo es una vivienda que estaba desocupada. Lo que se hará será iniciar el procedimiento penal pertinente y solicitar a los ocupantes para que aporten título que les legitime a estar allí. Al no tener ningún título, se seguirá con el procedimiento hasta conseguir el desalojo al cabo del tiempo.

Yo, personalmente discrepo en esta forma de proceder, porque cualquier propiedad privada tiene derecho a ser protegida de manos de terceras personas ajenas a ella, tanto si es morada, como si no.

Los ocupas conocen bien sus derechos y obviamente se aprovechan de ellos. Saben que es difícil que les desalojen con rapidez y mientras saben que van a tener vivienda gratis, incluso pueden llegar a empadronarse si quieren y obtener ayudas sociales, puesto que el Ayuntamiento no va a comprobar si la vivienda está ocupada o si el contrato que exhiben es válido. También se aprovechan de los menores de edad, puesto que si residen en la vivienda, con un informe de los servicios sociales, el desalojo se retrasa hasta que se les asigna una vivienda social.

Esta realidad es la que nos lleva a que los ciudadanos se tomen la justicia por su mano y acaben, por ejemplo, confiando en empresas dedicadas al desalojo de ocupas. 

Recientemente unos clientes me planteaban la posibilidad de recurrir a una empresa de este tipo. Mi consejo fue no hacerlo y seguir los cauces legales establecidos, aunque ello suponga pasar meses y meses con impotencia. ¿Por qué les recomendé no contratar este tipo de empresas? Aunque su actividad sea legal, el simple hecho de mandar a dos “armarios” a tu casa, para que les digan a los ocupantes que se tienen que ir, puede ser considerado como delito de “coacciones” y los propios ocupantes pueden denunciar a nuestros clientes por ello. En ese momento el cliente pasa a tener dos problemas, el primero es que su casa sigue ocupada y el segundo es que le imputan un delito del que va a tener que responder y muy probablemente pueda ser condenado.

Las vías que se les ofrecen a los ciudadanos no son efectivas ni suficientes y en el momento en el que las soluciones que nos proporciona nuestro sistema legislativo no funcionan como deberían, el problema ya no es solo social, sino también legal. 

Elaborado por: Marta Montfort Martí.Perfil en LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marta-montfort-martí

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