El martes 24 de noviembre de 2020, El Consejo de Ministros aprobó dos proyectos normativos impulsados por el Ministerio de Justicia: el Anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal y el Anteproyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía Europea.

Las principales reformas que tendrán lugar, dentro de la vacatio legis prevista (6 años) son las siguientes:

  • El fiscal instructor.

El Ministerio Fiscal será el encargado de instruir los procedimientos penales, así como de informar a la opinión pública. En este sentido también se realizarán modificaciones en la forma de elegir al Fiscal General del Estado, con el fin de garantizar la autonomía e independencia de esta figura reformando su Estatuto Orgánico. El Fiscal desarrollará la investigación de manera autónoma, sin sometimiento a la tutela del juez, y en todo caso, pudiendo recurrir a él si fueran necesarios actos de injerencia sujetos a autorización judicial.

  • Los nuevos jueces

Además del importante cambio que supone que la instrucción sea dirigida por el Ministerio Fiscal, surgen nuevos roles que desempeñarán los jueces. Surgen así, los Jueces de Garantía, encargados de tutelar los derechos de los investigados. En la fase intermedia, los Jueces de la Audiencia Preliminar, decidirán sobre la apertura del juicio oral y la valoración de la prueba. El Juez o Tribunal de Enjuiciamiento, encomendado a juzgar y dictar sentencia. Por último, la fase de Ejecución será dirigida por el Juez de Ejecución. 

Con todo ello, el procedimiento penal quedara dividido en tres fases: La investigación, que será dirigida por el Fiscal; el juicio de acusación, que lo asumirá la nueva figura del Juez de Audiencia; y por último, el juicio oral, donde el acusado ya no interviene en su inicio, sino que será en el turno de prueba de su defensa y siempre que se considere oportuno.

  • La policía judicial.

Este cuerpo actuará bajo la dirección del fiscal que dictará instrucciones y órdenes particulares, no solo generales, antes de la iniciación formal del procedimiento de investigación.

Además, las instrucciones generales constituyen el cauce adecuado para que el fiscal fije pautas procesales precisas para la actuación investigadora de la policía. De hecho, esas actuaciones preliminares solo pueden abarcar actos de injerencia nula o mínima y deben cesar con la identificación del sujeto que se considera responsable porque las indagaciones preliminares de la policía solo estarán justificadas cuando no exista una persona claramente identificada como posible responsable de la infracción criminal.

  • El encausado.

Se denominará encausado, de forma general, a la persona sometida a un procedimiento penal en cualquiera de sus fases. Será investigada cuando este recayendo sobre ella la investigación, acusada en el momento en el que haya ejercido la acción penal contra ella, y finalmente condenada, cuando sobre ella haya recaído sentencia condenatoria.

El anteproyecto cuenta con un “estatuto de la persona encausada”. Entre los derechos del encausado está el derecho a conocer los cargos y la acusación, el derecho a acceder a las actuaciones y el derecho de participar activamente en el proceso, lo que incluye la posibilidad de intervenir en todas las diligencias de investigación que se realicen, salvo los casos que estén excluidos por disposición expresa de la ley.

Se regula expresamente la posibilidad de que quien tenga o haya tenido la condición de persona encausada en un procedimiento penal pueda declarar en otro distinto, que verse sobre los mismos hechos, con la salvaguarda expresa, también en este otro proceso, de su derecho a no declarar.

Otra de las novedades que se introducen, es que se impide que la persona que ostenta la cualidad de investigada o acusada en un procedimiento pueda tener intervención activa en este como parte acusadora, sin perjuicio de que pueda hacer efectivo su derecho a ejercer la acción penal una vez alzados los cargos formulados en su contra.

Se dedicará además, un capítulo completo para configurar un verdadero estatuto jurídico de la persona encausada con discapacidad.

  • Otras novedades.

Además de estos cambios estructurales comentados, también se pretende reforzar las garantías de los intervinientes en el proceso penal, poniéndose especial énfasis en la figura de la víctima, que ostentará su propio estatuto con amplitud de medidas para su protección, siendo aplicable esta protección a los menores y a las personas con discapacidad.

Se introduce el principio de oportunidad, conforme al cual se constituye la plasmación de criterios política criminal sustentados en la falta de necesidad de imposición de pena en el caso concreto o en un margen de reducción de la misma.

Por último, cabe destacar la incorporación de técnicas de investigación más avanzadas contra el crimen, regulándose específicamente aspectos como el ADN, la prueba científica, el tratamiento automatizado de datos y las búsquedas inteligentes, las investigaciones encubiertas en entornos digitales o la posibilidad de denuncia por

Elaborado por: Beatriz Pérez García. Perfil en LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/beatriz-p%C3%A9rez-garc%C3%ADa-472a8a142/

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