Muchos medios especializados han realizado un buen trabajo desgranando la totalidad de los Reales Decretos que han regulado las medidas “anti-desahucios” aplicadas por el Gobierno de España; al menos mejor que la mayoría de partidos políticos y comunicadores afines que únicamente han utilizado los titulares para darse rédito por “prohibir los desahucios” o bien para denunciar “el apoyo gubernamental de la ocupación”. Por ello, el objetivo que tengo en estos párrafos es facilitar el entendimiento de cuando es posible suspender un desahucio por el Estado de Alarma, así como aproximar las controversias judiciales que pueden encontrarse los profesionales. 

El Real Decreto-ley 11/2020 adoptaba las medidas complementarias al Estado de Alarma. Este es actualizado en la materia que nos interesa por el Real Decreto-ley 37/2020, publicado en el BOE a 23 de diciembre de 2020. Existe también el Real Decreto-ley 1/2021, el cual también podría matizar el caso de la ocupación penal. La primera pregunta sería: ¿Existe una prohibición de desahuciar en España a día de hoy? La respuesta es que no. 

Podemos diferenciar a muy grandes rasgos tres tipos distintos de desahucios (o lanzamientos) de vivienda (pues no se prohíbe el lanzamiento de local): Los civiles por impago de alquiler, los civiles por impagos de hipoteca, y los penales (usurpación y allanamiento de morada). En un primer lugar, hasta el RD 1/2021 los desahucios cuya suspensión era admisible eran aquellos instados por impagos del alquiler (exista o no contrato) o por la finalización del contrato.

Es decir, ni antes ni ahora se va a realizar la suspensión extraordinaria por un juzgado de una ejecución hipotecaria (desahucio por impago de la hipoteca). Es cierto que en los últimos años estos han descendido, pero no hace tanto el porcentaje de los desahucios por impago hipotecario en la vía civil era de cercano del 50% (45,03% en 2015, según cálculos personales en base a estadísticas del CGPJ). Tras el RD 1/2021 se incluye la posibilidad de suspender aquellos lanzamientos en vía penal, siempre que no se realice mediante violencia o intimidación. 

En el caso de desahucios por impago o finalización de contrato de alquiler con la existencia de este contrato se posibilita al interesado a instar un incidente de suspensión. Este permitirá suspender tanto a la fecha del lanzamiento como de la vista o el plazo de contestación a la demanda, si es que el procedimiento se encuentra en ese momento. La suspensión se mantendrá hasta la finalización del actual Estado de Alarma; pero puede haber futuras controversias en caso de que se decrete uno nuevo o si se da una prórroga del actual, como ha pasado con los dos distintos Estados de Alarma en España.

Las personas que lo soliciten han de acreditar su situación de vulnerabilidad de forma que se adapten a los requisitos: Situación de desempleo, ERTE o reducción de jornada por cuidados en trabajadores asalariados o una pérdida sustancial de ingresos por circunstancias similares en caso de empresarios; que los ingresos de la unidad familiar no superen un límite establecido en el triple del IPREM a modificar según condiciones de la unidad familia (hijos, mayores a su cargo…) y que el pago del el alquiler más suministros conlleve al menos un 35% de los ingresos de la unidad familiar. A nivel administrativo, encontramos la traba para los potenciales beneficiarios de necesitar ciertos documentos para acreditar correctamente esta situación. Pues si bien el único documento necesario una declaración responsable del solicitante de cumplir todos los requisitos, para apreciar la vulnerabilidad de forma probada y por ende tener éxito en la solicitud seguramente será conveniente aportar los documentos mencionados en el RD 11/2020, es decir, certificado de la situación de desempleo o cese de actividad por cuenta propia y nota simple del Registro de la Propiedad para observar que no se poseen otros medios y certificado de empadronamiento o libro de familia para demostrar quien compone la unidad familiar.

Incluso aunque no se aporten en el momento de la solicitud y si esta es apreciada, han de facilitarse al juzgado tras el Estado de Alarma si se acepta la solicitud. Otro punto es que se ha de alegar es que la situación impida al solicitante encontrar una alternativa habitacional; pero no se determina realmente que se debe probar. La jurisprudencia de la AP de Barcelona al menos aclara que el propietario no está obligado a abonarla, pero es otro punto que queda abierto. Una vez se realiza la solicitud fundada, el LAJ ha de dar audiencia al demandante o propietario legítimo. Este podrá alegar que en caso de continuar con la suspensión se encontrará como mínimo en un riesgo de entrar en situación de vulnerabilidad, para lo que utilizará los mismos baremos y documentos probatorios que en el caso del demandado. 

Posteriormente, ha de trasladar estos documentos el LAJ a los servicios sociales, quienes han de valorar la situación o situaciones de vulnerabilidad alegadas, proponiendo además medias que han de aplicarse por las instituciones públicas (sin duda, el plazo para responder que en la práctica necesiten puede ser un peligro no previsto en los reales decretos). Una vez hecho esto, el Juez dictará auto resolviendo la solicitud. Aquí encontramos algunas dudas procesales. En un primer lugar ningún RD da al Letrado de la Administración de Justicia una competencia de control de admisión de la solicitud, por lo que se deja abierta la posibilidad de que el LAJ no comience el procedimiento si considera que no se dan los requisitos previos, que de traslado al demandado para alegaciones y posteriormente no emita los documentos a los servicios sociales y también la posibilidad de que tramite el expediente hasta el auto. El segundo punto clave es que es el propio Juez el que valora y pondera las situaciones de demandante y demandado, dejando a su criterio y el apoyo de los informes sociales ponderar las situaciones de ambos cuando cualquier decisión conlleve una vulnerabilidad económica. 

Algo interesante en el caso de que se admita la solicitud es que legisla el RD 37/2020 que la Administración pública competente debe llevar a cabo las medidas propuestas por los servicios sociales previo levantamiento de la suspensión por decreto judicial. Esto se contradice con las propias palabras del RD: “estas medidas […] en todo caso, dejarán de surtir efecto en cuanto finalice el estado de alarma”, y sin duda alguna llevará a los juzgados a pronunciarse pronto. 

El RD 37/2020 añade además la posibilidad de suspender el lanzamiento en casos civiles en los que el propietario se vea perturbado por su derecho, no exista contrato (desahucio por precario) o aquellos que conlleven una acción para llevar a efectivos derechos reales inscritos, en los procedimientos que derivan de los puntos 2º, 4º o 7º del artículo 250.1 de la LEC. Hay que recordar aquí que el 250.1.4º, que es el cauce para recuperar la vivienda de forma “express”, no es válido para entidades bancarias o inmobiliarias ya que no están legitimadas activamente.

En estos casos, ha de probarse de la misma forma la situación de vulnerabilidad, debiendo en este caso admitir el informe de servicios sociales que la entrada en vivienda se da por extrema necesidad, y probando además que han cooperado con las autoridades competentes para buscar una alternativa habitacional. Además de lo anterior, es necesario que quien habite la vivienda sea dependiente, víctima de violencia de género, o bien tenga conviviendo y a su cargo algún menor de edad o persona dependiente. Requisito del tenedor de la vivienda ya no es únicamente que pueda pasar a situación de vulnerabilidad, sino que este, sea persona física o jurídica, ha de poseer al menos 10 viviendas para que prospere la solicitud. 

Más allá de este conglomerado de condiciones que a priori se me antojan poco probables, hay unas situaciones por las que nunca procederá la suspensión (que la ocupación sea en primera o segunda residencia de persona física, que el inmueble esté cedido por su propietario a una persona física que resida o tenga su segunda residencia en este, existencia de indicios de actividades ilícitas en la vivienda, que sea un inmueble de vivienda social asignado a un solicitante o si la entrada se da tras el RD 37/2020). 

Además, el RD 1/2021 cambia una de las condiciones, posibilitando la suspensión en los casos donde exista ocupación por vía penal siempre que no exista violencia o intimidación. Es decir, cuando se de delito leve de usurpación del 245.2, delito reservado en la práctica únicamente a viviendas que no constituyen morada, estando vacías, en construcción o abandonadas. Aquí hay una carencia de regulación pues no se explica procesalmente cuando se puede solicitar esta suspensión, pareciendo lógico que esto se de respecto del lanzamiento o de la vista por analogía.

Elaborado por Alejandro Bellanco Sánchez perfil en LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/alejandrobellanco/ 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s